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IBERLEY, INTEGRA EL ACCESO A S

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sudespacho.net


29/04/2014

El TC dictamina que no hay plazo para recurrir dec


Hasta la fecha, el plazo establecido era de 6 meses, lo que para el Constitucional supone una vulneración del derecho a tutela judicial efectiva.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia por la que establece que cuando la Administración rechaza una petición de un particular por silencio administrativo no existe plazo para interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativo. Un artículo de la ley reguladora de esta jurisdicción establece en seis meses este plazo, lo que para el tribunal de garantías supone una vulneración del derecho a tutela judicial efectiva.

En una resolución dada a conocer este viernes, el tribunal de garantías rechaza las dudas de constitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) respecto del art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA).

Este precepto establece los plazos para recurrir en vía jurisdiccional las decisiones de la Administración que se producen por silencio administrativo. Según el órgano que plantea la cuestión de inconstitucionalidad, el artículo vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin sufrir indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a la justicia.

El artículo 46.1 de la LJCA fija un plazo de seis meses para recurrir las decisiones de la Administración que se producen por silencio administrativo, es decir, aquellas en las que no hay resolución expresa). El precepto añade que los seis meses se contarán "para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto".

El origen de la cuestión de inconstitucionalidad, formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, es la multa que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de dicha Comunidad Autónoma impuso a un particular por haber podado encinas sin la preceptiva autorización.

El particular recurrió la sanción en vía administrativa, pero el recurso no obtuvo respuesta. Ante el silencio de la Administración, el particular presentó recurso contencioso-administrativo ante el TSJCM. En sus alegaciones, la Administración solicitó al Tribunal que rechazara el recurso por extemporáneo al haber sido presentado fuera del plazo de seis meses que fija el artículo 46.1 de la LJCA.

La sentencia del Pleno, que cuenta con el voto particular discrepante de la ponente, Adela Asua, entiende que cuando, como en este caso, el silencio administrativo tiene sentido negativo (es decir, cuando desestima la petición del particular) el recurso no está sujeto a plazo temporal alguno, por lo que el precepto cuestionado no es aplicable a esos supuestos.

En consecuencia, desaparece también cualquier sospecha sobre su constitucionalidad, pues el derecho a la tutela judicial efectiva no se ve afectado.

El Pleno llega a esta conclusión tras analizar la evolución de la regulación legal del silencio administrativo desde la promulgación de la primera ley reguladora del proceso contencioso-administrativo, en 1958, hasta la última reforma de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de 1999.

 

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29/04/2014

El Gobierno presenta medidas para reforzar la prot


Se incorporan medidas que agilizan los procedimientos de adopción y acogimiento y se fortalece el derecho de los menores a participar en los procesos judiciales.

El Consejo de Ministros del pasado viernes ha aprobado los Anteproyectos de Ley Orgánica y de Ley de Protección a la Infancia (‘Ley del Menor’), presentados por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Con ambas normas se incorporan medidas que agilizan y flexibilizan los procedimientos de adopción y acogimiento, que fortalecen el derecho de los menores a participar en su entorno y que aumenta su protección en situaciones de violencia de género o ante casos de abusos sexuales.

De hecho, se establece la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal cualquier hecho que pudiera constituir delito contra un menor por parte de las autoridades públicas, funcionarios y profesionales que conozcan tales hechos en el ejercicio de su profesión, puesto que, si no lo hacen, incurrirían en un delito de omisión.

Ana Mato ha apuntado como novedad que se promueve la participación de los menores, incluidos los de menos de 12 años, en los procesos judiciales a través del derecho a que sean oídos y escuchados. Además, en los procedimientos en los que hayan sido víctimas o testigos se establecerán medidas para que no tengan que repetir su testimonio ante diferentes instancias judiciales.

Otra novedad es que, por primera vez, se definen en una norma de rango estatal las situaciones de los menores en riesgo y desamparo. Se considera situación de riesgo aquella en la que el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar o social. La declaración de desamparo está determinada por el abandono; riesgo para la vida, salud o integridad física; o la inducción a la mendicidad, la delincuencia o la prostitución.

La ministra ha recalcado que la finalidad de la reforma es mantener al menor en la familia de origen, y, si esto no es posible, buscar la mejor familia para cada niño. "Queremos conseguir que todos los menores de tres años vivan con una familia sin tener que pasar por un centro de acogida. En el caso de que haya varios hermanos se promoverá que puedan permanecer juntos", ha dicho.

Ana Mato ha asegurado que "se priman siempre las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente las temporales y las consensuadas frente a las impuestas".

En el caso de acogimiento familiar, la ministra ha precisado que será de tres tipos: de urgencia (para menores de 6 años con una duración no superior a 6 meses); temporal (con una duración máxima de dos años) y permanente (pasados dos años de acogimiento temporal y cuando no sea posible la reintegración familiar o en caso de menores con necesidades especiales).

Al igual que el acogimiento, la adopción nacional se agiliza. Así, para menores en desamparo no será necesario el asentimiento de los padres biológicos si transcurren dos años sin que hayan intentado revocar dicha situación. Además, una vez iniciado el expediente, la tramitación seguirá adelante si los padres biológicos, una vez citados, no comparecen.

Ana Mato ha resaltado que antes de que la entidad pública proponga al juez el expediente de adopción, podrá iniciarse un periodo de convivencia entre el menor y la familia considerada idónea, de tal manera que los niños permanecerán siempre en una familia y no tendrán que ingresar en centros de acogida.

La ministra también ha señalado como novedad que se regula la adopción abierta. Es decir, la posibilidad de que el menor adoptado mantenga algún tipo de contacto con miembros de su familia biológica. También se regula el acceso a los orígenes biológicos de los niños adoptados. Una vez alcanzada la mayoría de edad, o antes por medio de sus representantes, podrán conocer datos como la identidad de sus padres, su historia médica o la de su familia. Para ello, las entidades públicas asegurarán la conservación de la información de la que dispongan durante, al menos, cincuenta años.

 

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28/04/2014

El Banco de España insta a considerar el fenómeno


Nuevos estudios realizados sobre la materia apuntan a que la jubilación no es sólo una decisión que depende de la situación propia de cada individuo, sino que responde también a la situación concreta de su cónyuge.

El Banco de España afirma en su último boletín económico que cualquier reforma de pensiones debería tener en cuenta el fenómeno de la ‘jubilación conjunta’, es decir, cómo la decisión de jubilación de una persona se ve afectada por la de su cónyuge.

En un artículo titulado 'Decisiones de jubilación interdependientes', el Banco de España señala que nuevos estudios realizados sobre la materia apuntan a que la jubilación no es sólo una decisión que depende de la situación propia de cada individuo, sino que responde también a la situación concreta de su cónyuge.

   De hecho, explica que una parte significativa de los trabajadores se jubilan menos de un año después de haberlo hecho su pareja, con independencia de la diferencia de edad entre ambos. Algunos trabajos sobre  el fenómeno de la 'jubilación conjunta' concluyen que la probabilidad de jubilarse siempre es mayor cuando el cónyuge ha dejado de trabajar.

   El Banco de España cita entre estos trabajos la encuesta Share europea, en la que se constata que la jubilación de un miembro de la pareja puede afectar a la decisión de retiro del otro. Las estimaciones de este estudio muestran que los hombres cuyas parejas se han jubilado no son significativamente más propensos a dejar de trabajar, pero sí las mujeres.

   En concreto, aquellas mujeres cuyos cónyuges se han jubilado tienen una probabilidad 21 puntos mayor de pasar a la inactividad, duplicando prácticamente la probabilidad de jubilación cuando se supera la edad legal de retiro.

   Sin embargo, estas conclusiones no se dan en todos los países. En aquellos donde la diferencia entre las tasas de actividad de hombres y mujeres es pequeña, como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Polonia o Suecia, la probabilidad de que las mujeres pasen a la inactividad cuando se jubilan sus parejas es mayor.

   Por el contrario, en los países donde existen diferencias importantes en las tasas de actividad de hombres y mujeres (Austria, Grecia, España, Holanda, Italia, República Checa y Suiza), la propensión a dejar de trabajar de las mujeres "no parece verse influenciada por las decisiones laborales de sus maridos".

   En todo caso, el Banco de España concluye que la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral, para quienes las decisiones de jubilación de sus cónyuges resultan más determinantes, "incrementa la importancia cuantitativa de este fenómeno de la jubilación conjunta", por lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar modelos alternativos de sistemas de pensiones y sus reformas.

 

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28/04/2014

El TSJV ordena mantener el concepto retributivo d


El Alto Tribunal valenciano estima parcialmente un recurso interpuesto por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) contra la Orden que establece las retribuciones que deben percibir los abogados de oficio.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado parcialmente un recurso interpuesto por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) contra la Orden 2/2012, que establecía las retribuciones que, por cada asunto, debían percibir los letrados que prestan sus servicios en el Turno de Oficio en el ámbito de la Comunidad Valenciana. De esta manera, aunque no anula la norma, sí establece que se mantenga el concepto retributivo referente a las transacciones extrajudiciales, según asegura el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) en un comunicado.

La sentencia estima en parte el recurso de los abogados y anula parcialmente la Orden 2/2012, al ordenar que se mantenga el concepto retributivo, relativo a las transacciones extrajudiciales, que ésta había derogado y que forzaba a mantener procedimientos judiciales que de otra manera hubieran finalizado con acuerdo.

Sin embargo, la resolución, a pesar de reconocer la existencia de defectos formales en la tramitación de la Orden, considera que dichos defectos no causaron indefensión y, por lo tanto, entiende que no hay motivos para anularla, explican desde el ICAV.

En cuanto a las retribuciones fijadas para los abogados, la sentencia recuerda la exigencia constitucional que tiene el Estado de garantizar la defensa letrada y, en definitiva, el acceso a la tutela judicial efectiva.

"El tribunal -continúan- no cuestiona el deber de que se retribuya a los Abogados correctamente, pero al mismo tiempo afirma que los baremos "'deben someterse a la disponibilidad presupuestaria de cada momento para así alcanzar el repetido objetivo de tutela judicial efectiva'".

Fuentes del CVCA se han mostrado satisfechas con el hecho de que se ordene mantener el concepto retributivo anulado "porque una orden no puede revocar lo que viene fijado en un decreto y además la revocación obligaba a mantener pleitos que hubieran podido cerrarse con un acuerdo".

Pero, al mismo tiempo, dicen "respetar pero no compartir" el resto de pronunciamientos de la sentencia, especialmente porque "La Generalitat, la ciudadanía y el Tribunal deben entender que no se puede garantizar la tutela judicial efectiva sin una correcta defensa letrada, y para ello es necesario que las retribuciones que se establezcan para los letrados de oficio sean dignas y suficientes, conforme exige la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita e incumple la Orden de la Conselleria", por ello afirman que están estudiando la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

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25/04/2014

La AEPD amplía su sistema de notificación de quieb


El nuevo sistema está disponible a través del apartado ‘Notificación preceptiva de quiebras de seguridad’ de la Sede Electrónica de la Agencia

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha puesto en marcha un nuevo sistema para que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas notifiquen las eventuales quiebras de seguridad que se hayan producido en sus sistemas y que puedan afectar a los datos personales que tratan.

La Directiva 2002/58/CE establece que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público están obligados a notificar las quiebras de seguridad que puedan afectar a datos personales y a las autoridades nacionales competentes y, en algunos casos, también a los abonados y particulares afectados, con el fin de reforzar las garantías de su derecho fundamental a la protección de datos. Esta obligación ha sido incorporada al Derecho español por la reforma del artículo 34 de la LGT, llevada a cabo por el Real Decreto-ley 13/2012. Por su parte, el Reglamento de la Comisión Europea 611/2013 fija las normas sobre cómo y cuándo notificar estas quiebras de seguridad. En el caso español, la competencia para recibir estas comunicaciones por parte de los proveedores de servicios corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos

El procedimiento que ha presentado este miércoles la AEPD, con el que se facilita el cumplimiento de la obligación normativa, está disponible a través del apartado ‘Notificación preceptiva de quiebras de seguridad’ de la Sede Electrónica de la Agencia. El artículo 2.2 del Reglamento especifica que, en la medida de lo posible, los proveedores deben comunicar las quiebras de seguridad a la autoridad competente dentro de las 24 horas siguientes a la detección del incidente.

El protocolo de actuación puesto en marcha por la Agencia se establece como un canal rápido y seguro para que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas notifiquen a la Agencia los casos previstos en la legislación. Las quiebras de seguridad están definidas en la misma como “toda violación de la seguridad que provoque la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida, la alteración, la revelación o el acceso no autorizados, de datos personales transmitidos, almacenados o tratados de otro modo en relación con la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas de acceso público”.

Siguiendo las especificaciones del Reglamento, el formulario habilitado por la AEPD incluye, entre otros campos, la identificación del proveedor, los datos de contacto del responsable de protección de datos o de la persona que pueda aportar más información, las circunstancias en las que se ha producido la quiebra de seguridad, la naturaleza y el contenido de los datos, el número de afectados, o las medidas técnicas y organizativas adoptadas por el proveedor para paliar los posibles efectos negativos.

El objetivo del Reglamento es reforzar las garantías de los abonados o particulares que hayan podido verse afectados por la quiebra de seguridad, estableciendo la obligación de notificar el hecho a la AEPD de la forma más rápida y exhaustiva posible sin que ello suponga un obstáculo para que el proveedor tome las medidas para limitar y remediar las consecuencias del incidente.

El sistema de notificación electrónica de quiebras de seguridad puesto en marcha hoy es exclusivo para proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, sujetos obligados por la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones. Los ciudadanos siguen teniendo a su disposición en la Sede Electrónica el apartado “Presentación de denuncias” para poner en conocimiento de la Agencia posibles vulneraciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

 

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